¿Cuales son las dificultades que tienen los periodistas para acceder a fuentes oficiales, y cuánto afectan estas cortapisas a la calidad de la información?
De acuerdo al artículo 81 de la actual Constitución, el Estado garantizará el derecho a acceder a fuentes de información.
La Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LOTAIP) amplía las potencialidades de este "derecho a acceder a las fuentes de información, como mecanismo para ejercer la participación democrática respecto del manejo de la cosa pública y la rendición de cuentas a la que están sujetos todos los funcionarios del Estado, y demás entidades obligadas por esta Ley".
Añade la necesidad de "hacer efectivo el principio de publicidad de los actos, contratos y gestiones de las instituciones del Estado y de aquellas financiadas con recursos públicos o que por su naturaleza sean de interés público".
Y hace referencia a "la norma constitucional que establece que no existirá reserva respecto de informaciones que reposen en archivos públicos, excepto de aquellas que por seguridad nacional no deben ser dadas a conocer".
Pero cuánto de lo constitucional y legal cumplen los administradores de las instituciones públicas del Estado.
¿A qué periodista no se le ha invitado a participar en un banquete rosa que antecede a la difusión, con bombos y platillos, de una obra de gran impacto político disfrazada de social, que presenta un gobierno local a su ciudad?
Pero a contramano, y en la misma proporción, qué periodista no ha experimentado la vejación a su derecho legítimo "a acceder a la fuente", cuando, para completar una investigación acude a esa misma institución cuyo titular le niega la información que consulta por considerarla "delicada" (Digo yo, si lo que quiso decir es que esa información le afectará a sus intereses personales o gremiales).
Pero hay autoridades más avezadas en el arte de salir al paso a preguntas complicadas. Con coartadas muy bien trabajadas, consiguen hasta confundir al periodista con respuestas como: "Todavía no tratamos el tema".
Pero si se siente descubierto, su contestación es: "El asunto está siendo trabajado por una comisión que se nombró hace poco y los resultados de la delicada investigación se darán a conocer lo más pronto posible". Ese "más pronto posible" es sinónimo de "quizá" o "nunca".
El siguiente paso es instruir a sus empleados de confianza a mantener como cierta esa mentira y que éstos a su vez la transmitan de manera estratégica al personal.
Pero hay otra maniobra más engañosa que suelen emplear los funcionarios públicos para no entregar información, y que la practican con igual disimulo y hasta con cierta alevosía diplomática.
La respuesta a determinada consulta, es: Dicen los jefes departamentales que dice la junta directiva en la que trabaja que dice una resolución al respecto que dice que la única persona que puede dar información es su titular; llámese gerente, director, alcalde, prefecto, gobernador, subsecretario, etc., etc., etc.
Pero este manido recurso que refleja el recelo como estilo para gobernar, cae por su propio peso, y es más, se convierte en una peligrosa forma de evadir las responsabilidades del administrador y las de sus subalternos.
¿Quién conoce más? pregunto yo, el Alcalde o el director del Departamento de Medio Ambiente de ese Municipio, sobre de los impactos que causa a los habitantes de una ciudad la emisión de gases nocivos de una fábrica cercana porque aplica una técnica inadecuada a cielo abierto en su proceso productivo, industria que está sometida por ley y normas locales a la vigilancia de ese Municipio ¿Qué paradoja no?
Ese director de Medio Ambiente, que trabaja dos años para ese Municipio y conoce con sobradas razones la legislación ambiental y de los permisos otorgados a esa fábrica, no puede responder, únicamente por razones políticas.
Ese director de Medio Ambiente, que tiene el título de ingeniero ambiental, un Diplomado en Gestión Ambiental y una Maestría en Salud Ocupacional, ha trabajado en proyectos de investigación en la universidad que dejó temporalmente para prestar sus servicios a ese Municipio, está atado de manos para dar respuesta a una consulta que es de su exclusiva responsabilidad.
Mientras que, la máxima autoridad municipal, que fue elegida por votación popular, y que tiene entre sus obligaciones, el nombrar a los mejores técnicos en los cargos directivos, es el único facultado (o dicho con propiedad, auto facultado) para referirse, con imprecisiones y generalizaciones, a temas que desconoce.
¿Qué periodista no ha pagado los platos rotos de los políticos que hicieron declaraciones desatinadas?
Cuando ven publicada la información que les puso en apuros con otros actores políticos, dan el grito en el cielo y utilizan el único recurso que consideran adecuado para salvar su imagen: las famosas "cartas al director".
Esa carta de reclamo, la escriben, sus subordinados entre los cuales, por supuesto está, el técnico que conoce sobre la materia. ¿Qué ironía, no?
Aquella misiva desesperada incluye frases como: "Yo no declaré eso, esto o aquello" ó "El periodista que redactó la noticia ha distorsionado mis declaraciones" ó "La información que publicó el periodista atenta al buen ganado nombre del medio de comunicación que usted acertadamente dirige" y "Solicito a Usted comedidamente se rectifique la información por el daño causado a mi persona y a la institución a la que represento".
Aquí aclaro, que no me refiero a las fallas en las que incurrió el redactor, sino a las equivocaciones de quienes tienen la ineludible responsabilidad de rendir cuentas por sus actos.
No quiero dejar de referirme en este espacio al papel que cumplen ciertos funcionarios y ex funcionarios que entregan información "exclusiva" y que podría ser clave para el abordaje periodístico.
Una información a la que ellos calificaron en determinado momento como "delicada", pero ahora saben que su difusión causará una gran conmoción social, y que, en esencia, apunta a perjudicar a sus enemigos políticos con quienes ahora se ha distanciado.
Aunque sea una información de gran valor, debemos ubicarla en su real contexto, olfatear las intenciones del aportante que, por lo general, conllevan revanchas particulares.
Debemos preguntar si ese personaje está dispuesto a responsabilizarse con declaraciones a la denuncia contra fulano de tal.
Porque de otra manera, caeríamos en el grave error de que un tercero nos utilice para sus propósitos. Por lo general, esas informaciones tienen una doble intención: que aquel que denuncia como anónimo quiere hacer caer a su contrincante para encaramarse políticamente.
Tampoco podemos desechar una información así, pero debemos darle el tratamiento adecuado, y sobre todo, actuar con ética a prueba de escándalos infundados y de estrellatos que no tienen beneficio de inventario.
Caso
Las negativas que recibía de funcionarios de la Municipalidad de Cuenca para no conceder entrevistas a periodistas sobre temas "comprometedores" tenían alguna razón, y había que descubrirla.
Recientemente acudí a la Jefatura de Comunicación de la Municipalidad, y fue su titular quien me dio la respuesta: un oficio del Alcalde, con fecha 9 de julio.
La misiva está dirigida por el primer personero a los jefes, directores departamentales y gerentes de empresas municipales, en los siguientes términos:
"Por medio de la presente, comunico a Usted que, para dar cumplimiento con lo que manda la Ley de Transparencia y Acceso a la Información, en concordancia con la Ley Orgánica de Régimen Municipal, toda información que sea requerida a su dependencia bien sea por personas naturales o jurídicas, así como de empresa privadas o públicas, será entregada previo conocimiento y autorización de esta Alcaldía".
La Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LOTAIP) en su artículo 5 establece como información pública a "todo documento en cualquier formato, que se encuentre en poder de las instituciones públicas y de las personas jurídicas a las que se refiere esta Ley, contenidos, creados u obtenidos por ellas, que se encuentren bajo su responsabilidad o se hayan producido con recursos del Estado".
